Las cifras presentadas por la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico no dejaron lugar a dudas. Pasar de tres denuncias mensuales por mala praxis en 1995, cuando dicha instancia comenzó su registro de casos, a las 83 mensuales que se contabilizan en lo que va corrido del año, es una evidencia inequívoca de que la judicialización de la medicina es un problema que está emergiendo con demasiada fuerza en Chile.

El tema fue debatido durante el Seminario “La Práctica Médica en Chile y la Judicialización de la Medicina en el contexto de la Reforma de Salud”, organizado por Salud y Futuro el lunes 28 de abril pasado y que congregó a representantes de todos los gremios y autoridades del sector, incluyendo al titular de la cartera, Dr. Pedro García. Las presentaciones estuvieron a cargo del doctor Juan Luis Castro, presidente del Colegio Médico; la doctora May Chomalí, subdirectora médica de la Clínica Las Condes; el abogado Ulises Nancuante, de la Secretaría General de la Presidencia; elaborado Ricardo Sateler; Samantha Carrasco; abogada de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico; y, el abogado Fernando Riveros, de la Superintendencia de Isapres.

El director ejecutivo de Salud y Futuro, Héctor Sánchez, centró su discurso de bienvenida en identificar alguna de las causas que han llevado a esta desmedida proliferación de demandas a los servicios de salud, tanto públicos como privados. Quizá las más importantes son la toma de conciencia de las personas acerca de sus derechos y el mayor nivel de información y educación de la población, ambos factores que determinan un mayor nivel de exigencia frente a la recepción de servicios médicos y que han transformado a los pacientes en verdaderos consumidores de servicios de salud. “Esta situación no ha sido tomada en cuenta con la velocidad e intensidad requerida en la práctica de la medicina en el sistema público y a veces tampoco en el privado”, señaló.

La falta de estandarización de los servicios de salud y el bajo nivel de uso de protocolos basados en medicina de evidencia es también una explicación para el incremento de la judicialización de la medicina en nuestro país. Para Héctor Sánchez, además, muchas veces y con las mejores intenciones de defender los derechos de la gente, algunas autoridades del país y líderes de opinión, principalmente del ámbito político, han contribuido a aumentar las expectativas de la gente o a generar condiciones que hacen creer a la población que los sistemas de salud no les están cumpliendo en el nivel que corresponde y que los servicios que reciben fallan en condiciones esenciales que afectan sus derechos. Por su parte el sistema judicial chileno, sin experiencia suficiente en estas materias, y la falta de instancias efectivas, autónomas, independientes y profesionales para la solución preventiva de conflictos o arbitrajes oportunos, también contribuye a que muchos problemas terminen resolviéndose en los tribunales de justicia.

El caso americano

El abogado Ricardo Sateler colocó énfasis en el riesgo de que en Chile el tema alcance dimensiones similares a las experimentadas en naciones como Estados Unidos. Allí, cada año el gasto por este concepto es entre 17 y 29 billones de dólares. Según explicó, una muestra del excesivo nivel que está alcanzando esta problemática en Estados Unidos es que los principales actores de la industria de los seguros médicos se están retirando del mercado. Ello, debido a que los gastos de manejo de los litigios (incluyendo el monto de las indemnizaciones) superan con creces a lo recaudado por concepto de primas (140%). En algunos estados, agregó, el monto de las indemnizaciones en una demanda puede alcanzar fácilmente los 100 millones de dólares. Esto ha hecho que, incluso, el Presidente de ese país esté promoviendo proyectos de ley que, junto con reconocer el problema, limiten las indemnizaciones “por daño moral” a un máximo de 250 mil dólares.

Hasta el momento en Chile las indemnizaciones no llegan a cifras tan elevadas, pero es sólo cuestión de tiempo según Sateler: “Las pólizas de los seguros en Chile son por 5.000 UF; en la medida que tengamos una cantidad más importante de médicos asegurados, el número de demandas aumentará y también el monto de las indemnizaciones”. Claro que la cantidad de profesionales médicos que ya cuentan con un seguro de esta naturaleza no es menor. Casi 3 mil, según explicó el presidente del Colegio Médico Dr. Juan Luis Castro.

Falsas expectativas

Lo preocupante, en opinión de la mayoría de los expertos que participaron en el seminario, es que el aumento en el número de demandas por negligencias médicas registrado durante los últimos ocho años sea una tendencia que se acentúe aun más. Y algunos aspectos de la Reforma del sector, cuyos proyectos de ley se encuentran actualmente en el Parlamento, podrían crear un escenario propicio para que ello ocurra si no se toman los resguardos necesarios. Esto es: aplicar gradualmente los cambios, manejar las expectativas de la gente respecto de lo que se puede esperar de la reforma, establecer mecanismos expeditos para que los derechos que se garantizarán por ley se cumplan y, finalmente, que se establezcan mecanismos de arbitraje y resolución de conflictos que eviten la judicialización de la práctica médica.

Principalmente la ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, como también la ley que establece el régimen de garantías explícitas para las personas podrían trasladar el motivo de la demanda hacia los servicios de salud, públicos y privados, ya no relacionado a un eventual daño del paciente sino, simplemente, a no tener el acceso a la atención con la protección financiera en los tiempos prometidos.

Lo anterior hace imprescindible, en opinión de Salud y Futuro, definir mecanismos expeditos para garantizar el cumplimiento de los derechos de la gente, producir los cambios en los modelos de gestión en los hospitales y consultorios que hagan posible alcanzar las promesas y, finalmente, disponer de los recursos para financiarlos. Esto implica que la reforma debe ser gradual en su implementación, principalmente en “el establecimiento de derechos explícitos de las personas en cuanto a protección financiera y plazos máximos de espera”, y avanzar en forma paralela en los modelos de gestión del sistema público.

En opinión del director ejecutivo de Salud y Futuro, Héctor Sánchez, es fundamental que la reforma sanitaria recoja el tema de la judicialización de la medicina: “Si no hay correspondencia entre los derechos, las garantías ofrecidas para obtenerlos realmente y los recursos aportados, puede generarse una agudización del problema”.

Similar opinión expresó el abogado de la Superintendencia de Isapres, Fernando Riveros: “Si no se establece un mecanismo para asegurar el cumplimiento de las garantías, podría haber un aumento por esta vía. Si el sistema, sea cual sea, no es capaz de satisfacer la demanda, se debe garantizar a ese usuario la atención con otro prestador”.

Falta de reconocimiento

Para la doctora May Chomalí, subdirectora médica de la Clínica Las Condes, una de las principales causas de que los tribunales de justicia terminen siendo los encargados de resolver estos casos es que las entidades prestadoras han sido incapaces de asumir el problema y responder adecuadamente.

En toda gestión de riesgo, dijo, la premisa básica es que los eventos adversos pueden ocurrir y hay que trabajar para evitarlos. Este trabajo implica una respuesta conjunta de la institución y una buena comunicación con el paciente. Según estadísticas de la clínica, por ejemplo, de todos los eventos adversos producidos en este establecimiento, en el 53% de los casos el paciente tuvo conocimiento explícito de lo ocurrido y sólo en el 26.8% de éstos, hubo un reclamo formal. Y ninguno se transformó en una acción judicial.

Los aportes de la ley

La comunicación médico-paciente, el que el usuario sea informado de su enfermedad y del tipo de tratamiento que recibirá, es precisamente uno de los aspectos que la Ley de Deberes y Derechos formaliza y que fue recogido en el seminario como beneficioso por el abogado de la Secretaría General de la Presidencia, Ulises Nancuante. En su opinión, esto reducirá la desconfianza que existe hoy y que motiva que muchos casos lleguen a la justicia.

La creación de protocolos de atención fue mencionado como otro aporte importante de la Reforma para disminuir los casos de negligencia médica, por el ministro de Salud, Dr. Pedro García: “Cuando hay medicina basada en la evidencia, aumentan los niveles de confianza y la gente debería tener menos voluntad de conflicto”.

Propuesta de Salud y Futuro

Salud y Futuro es partidaria de un encuentro entre todos los actores involucrados en el sector salud, con el objetivo de diseñar soluciones a través de introducir cambios en el actual marco legislativo de la reforma pero sin evitar que a las personas se les defina en forma explícita sus derechos, que los conozcan oportunamente, ni sacrificar el derecho de reclamarlos. Lo anterior implica colocar énfasis en la gradualidad de su aplicación e implementar sistemas de resolución de controversias prejudiciales, estableciendo límites al ámbito de las indemnizaciones morales de manera de impedir que la gente “se enriquezca como producto de una demanda”. Es decir, que obtengan una indemnización justa al daño incurrido y desincentivar el exceso de demandas sin verdadera justificación.

A continuación, se anexan las presentaciones efectuadas en el seminario “La Práctica Médica en Chile y la Judicialización de la Medicina en el contexto de la Reforma de Salud”, organizado por Salud y Futuro. Estos documentos también están disponibles en el sitio web: www.saludyfuturo.cl

Héctor Sánchez, director ejecutivo Salud y Futuro 

César Oyarzo, subdirector Salud y Futuro